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Comunidad José Guiñón reivindica derecho a la libre determinación

Radio U. de Chile….

A través de un comunicado se refirieron al asesinato de dos integrantes de su comunidad a manos de un capitán en retiro de Carabineros. Mientras, la jornada de ayer se conoció de un nuevo allanamiento a la comunidad de Temocuicui donde niños de la escuela del sector debieron soportar los efectos del uso indiscriminado de bombas lacrimógenas.

Mientras en la Cámara de Diputados se discute el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, en la Región de la Araucanía la comunidad José Guiñón, a la que pertenecía Luis Marileo, ultimado por un ex oficial de Carabineros, emitió un comunicado refiriéndose a los hechos.

En tanto, este miércoles fuerzas especiales de Carabineros irrumpió en la comunidad de Temucuicui. A través de videos en las redes sociales, denunciaron que durante un allanamiento los funcionarios policiales arrojaron numerosas bombas lacrimógenas afectando a la Escuela G 816 del sector, causando graves consecuencias a los niños y niñas mapuche que allí asisten.

Mientras se  conocen estas denuncias, la comunidad José Guiñón, a la que pertenecía Luis Marileo, quien fue ultimado junto a Patricio González el pasado sábado en manos del ex capitán de Carabineros Ignacio Gallegos Pereira, emitió un comunicado refiriéndose a los hechos. Argumentan que los dos jóvenes fueron asesinados en medio de un enfrentamiento con el ex uniformado.

 

Los comuneros mapuche se encontraban en “una acción de control territorial”, en la localidad de los Sauces. “Se trató de un derecho a la libre determinación, un derecho legítimo, ancestral e histórico que tenemos los mapuche y que seguiremos ejerciendo”, agrega la misiva.

La comunidad José Guiñón afirma en el escrito que el accionar del ex carabinero no fue en defensa propia, sino que hubo ensañamiento y alevosía contra las víctimas, ya que el oficial en retiro disparó en varias oportunidades sobre los cuerpos de las personas.

Al respecto, parlamentarios solicitaron a las autoridades competentes aclarar los hechos. Esto, mientras se discute en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas.

El legislador independiente Gabriel Boric, criticó a la Fiscalía de la Región de la Araucanía por emitir declaraciones sin haber una investigación y emplazó a los representantes del Ministerio Público a no adelantar juicios respecto de los hechos ocurridos.

“En el caso de Luis Marileo y Patricio González, quienes fueron asesinados la semana pasada, la fiscalía notificó públicamente que ni siquiera formalizarán al ex carabinero que los asesinó, porque habría actuado en legítima defensa. ¿En qué país del mundo no se tiene que probar en un juicio? En Chile y en la Araucanía. Hay versiones contradictorias respecto del hecho: que se pruebe en un juicio justo”, sentenció.

En tanto, la prenormativa que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, junto con definir el rol de estas nuevas instituciones establece los procedimientos de elección de los consejeros y las atribuciones que tendrá cada entidad para representar los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado.

Durante la discusión, que concluirá el próximo martes junto con su votación, la diputada del Partido Socialista, Daniella Cicardini, admitió que es el Estado uno de los culpables de los hechos de violencia que ocurren en la zona de la Araucanía.

“Una deuda profunda que tiene que ver con la ignorancia y con la falta de respeto hacia su identidad, hacia la cultura de nuestros pueblos originarios y que es tan dolorosa que todos aquí sabemos que debe ser abordada con urgencia. Destacar además que el Estado de Chile de una u otra forma, por acción u omisión, ha sido responsable y hasta cómplice de muchos de estos hechos”, argumentó la legisladora.

En la sesión el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, respondió las consultas de varios legisladores sobre si las decisiones del Consejo Indígena serán vinculantes o no. El secretario de Estado recalcó que el Ejecutivo no está conforme con la facultad resolutiva y vinculante introducida como indicaciones a la ley por legisladores en Comisiones.

“Nosotros creemos que los consejos deben ser una instancia de consulta y no nos pareció la forma como quedó el artículo. Entendemos a los diputados y diputadas que incorporaron la indicación ya que le quieren dar más herramientas a los consejeros. De todas formas queda a trámite legislativo entregarle mayores atribuciones, pero que no se transforme en un choque de competencias con los poderes del Ejecutivo”, detalló.

Recordemos que paralelamente a la ley que crea estos nueve consejos está también el proyecto que instaura el Ministerio de Pueblos Indígenas el cual está en trámite en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.

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